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Definicion Derecho Penal

 DEFINICION DE DERECHO PENAL

El Derecho penal objetivo sustantivo es la parte del ordenamiento jurídico, formada por las normas jurídicas reguladoras del poder punitivo del Estado (Hius puniendi») en las que, mayormente, a fin de tutelar bienes jurídicos, se definen delitos para los cuales se establecen penas y medidas de seguridad.

Una vez formulada esta definición, esquematizamos los puntos en que vamos a ir desarrollando sus diferentes elementos:

a)             en primer lugar nos referiremos al poder punitivo del Estado ("ius puniendi");

b)             en segundo, y dado que hemos dicho que es una parte del ordenamiento jurídico, aludimos
a las relaciones del Derecho penal con otras ramas de aquel

c)            en tercero, centraremos nuestra atención en la norma penal.

2. EL "IUS PUNIENDI"

El "ius puniendi" (también llamado Derecho penal subjetivo) suele estar proclamado, bajo una u otra forma, en las Constituciones, y más específicamente en el Derecho penal (objetivo) plasmado en Códigos o no, en cuyas normas se prevén sanciones, penas y medidas de seguridad, para quienes incurren en los diferentes comportamientos descritos en las mismas. Es, por tanto,
'la potestad de imponer penas y medidas de seguridad a los infractores de las normas penales que las establecen.

Y esa potestad de imponer las referidas sanciones corresponde a unos órganos del Estado, a los tribunales de justicia, que son los titulares de ese poder punitivo. Es, por consiguiente, un  poder instaurado y regulado por el derecho y, como tal, so metido a los pri ncipios constitucionales que estudiaremos en el capítulo siguiente.

Podríamos, pues, matizar que el "ius puniendi" lo ostenta el Estado por partida doble, o mejor triple: primero, porque a él corresponde, en sede legislativa, establecer los comportamientos prohibidos y asignarles la pena o la medida correspondiente; segundo, porque otro de sus poderes, el  judicial, es el encargado de fa traslación de las consecuencias dispuestas en las normas a quienes las infringen; y tercero, porque el poder ejecutivo es el encargado de hacer efectivo el cumplimiento de las penas impuestas, de las privativas de libertad en especial.

3. EL DERECHO PENAL Y OTROS SECTORES OEL ORDENAMIENTO JURIDICO

Hemos dicho que el Derecho penal forma parte del ordenamiento jurídico, es una rama más del conjunto formado por la totalidad de las normas jurídicas que rigen en un país. Por esta razón, porque todas las normas jurídicas forman parte de un todo común el ordenamiento jurídico de un país, debe reinar una buena armonía entre la totalidad  de aquellas partes y sus respectivas normas plasmadas en la evidencia que cabe enunciar así:

Un mismo hecho no puede ser a un tiempo conforme y contrario a derecho. O mejor, sobre un mismo sustrato no puede edificarse una valoración jurídica positiva y otra negativa. De modo, pues, que Jo aprobado en normas de Derecho civil, v.gr., no puede ser desaprobado en normas penales,' un hecho considerado ajustado a Derecho en un sector del ordenamiento no puede ser considerado opuesto a Derecho, antijuridico, en otro. En ese contexto, en el del conjunto del ordenamiento jurídico, han de formularse estas dos afirmaciones:

La contradicción del Derecho ha de valorarse de forma global, la primera; y el Derecho penal desempeña el papel de última ratio, de último recurso, la  segunda.

Esto es: lo que es contrario a Derecho según un rama del ordenamiento jurídico es contrario a éste en su conjunto, aunque sólo genere consecuencias directas e inmediatas ", en aquélla rama, de acuerdo con la primera; Y ¡é!l Q.erecho penal le corresponde intervenir, en ultima instancia, cuando las medidas previstas en el resto de los Derechos resultan insuficientes, solo por hechos: que desbordan los límites tolerables y admisibles para una convivencia mínimamente ordenada, y que si no fueran reprimidos harían esta convivencia imposible, conforme a la segunda (sobre este carácter del Derecho penal volveremos al hablar del principio de prohibición de exceso, en el tema 2).

Es contrario a Derecho no pagar las deudas a su vencimiento, pero ese impago solamente deja sentir sus efectos en el orden civil; como es contrario a Derecho ocasionar a otro intencionadamente unas lesiones, lo que tiene trascendencia directa sólo para el Derecho penal; aunque a menudo de un hecho sólo relevante para el Derecho penal deriva una responsabilidad civil. Por otra parte, cuando una persona incumple un contrato, se acude a las normas del Derecho civil, porque son las específicamente previstas para tales hechos y son suficientes para poner las cosas en su sitio,' cuando un conductor deja su vehículo en un lugar en el que no está autorizado el estacionamiento, las normas del Derecho administrativo bastan para disuadirle y sancionarle por ello: cuando un empresario despide de forma improcedente a un trabajador. se echa mano de las disposiciones laborales prevenidas al efecto; cuando alguien construye donde no está permitido, se adoptan las medidas dispuestas en las normativa urbanística; etc. Pero, cuando una persona mata a otra, o la viola o secuestra, o le roba con violencia, o un funcionario malversa caudales públicos, no queda sino la reprobación penal y la consiguiente responsabilidad civil reparadora, pues las disposiciones civiles o administrativas ya no pueden encauzar semejantes desmanes de forma menos contundente.

Como es lógico, si el Derecho constitucional, el Derecho civil, el Derecho administrativo, el Derecho procesal, el Derecho penal, etc., conforman el ordenamiento jurídico y son ramas de un mismo tronco, necesariamente han de entablarse relaciones entre ellas, algunas de las cuales vamos a comentar someramente ahora.

3.1. Derechos constitucional y penal

La Constitución  como norma suprema del ordenamiento jurídico exige la acomodación de este a sus  dictados, y, por tanto, también la del Derecho penal. Resumidamente, podemos decir que en la Constitución se contienen proclamaciones decisivas a las que han de amoldarse las normas penales, preceptos de específica significación penal y principios limitadores del ius puniendi. En este sentido, se ha dicho con total acierto que una conducta infringe una norma cuando contradice no sólo el tenor literal de ésta sino también su sentido profundo, el concepto de Derecho que se materializa en ella; y que ese concepto de Derecho encuentra en la Constitución una expresión "concentrada" (Vives Antón).

Por otra parte, en las Constituciones se contienen proclamaciones programáticas, principios que informan y condicionan a la integridad del ordenamiento jurídico, por lo que todas sus normas han de ser interpretadas conforme al texto fundamental que las preside.

Por consiguiente, la relación entre Constitución y Derecho penal no puede ser más estrecha, ni mayor la sujeción del segundo a la primera.

3.2. Derechos procesal y penal

El Derecho penal y el procesal forman un todo, hasta el punto de que el uno sin el otro carecen de sentido. Un Derecho penal sustantivo desprovisto de cauces procesales es impensable, porque resultaría absolutamente ineficaz e impracticable; un Derecho procesal desvinculado del penal sería tan absurdo como huero, un puro ejercicio de inanidad, porque no serviría para cosa alguna.

El Derecho penal, pues, -los delitos y faltas tipificados-, se aplica merced al Derecho procesal, en el cual se regulan las cuestiones de competencia de jueces y tribunales que han de juzgarlos, la denuncia, la querefla, la comprobación del delito y la averiguación del delincuente, las declaraciones de procesados y testigos, la detención, la prisión provisional, el juicio oral, los recursos, los procedimientos especiales, etc., etc.

Además, hay delitos específicos en el PCP contra las garantías constitucionales de inequívoco corte procesal, en el arto 407, por ejemplo, y relacionados con la actividad procesal, en los arts. 449 y ss.

3.3. Derechos administrativo y penal

Como es sabido, la Administración Pública está dotada de capacidad sancionadora, mediante la cual reprime hechos que atentan contra los intereses de la colectividad. Y, como es obvio, esa potestad sancionadora se ejercita a partir de la existencia de infracciones de la normativa administrativa, de ilícitos administrativos.
Pues bien, desde hace mucho, se ha debatido sobre si entre el ilícito penal y el administrativo es posible establecer diferencias cualitativas o sólo cuantitativas, predominando, con razón, el segundo parecer: entre ilícito penal e ilícito administrativo y entre sanción penal y sanción administrativa únicamente existen diferencias cuantitativas: en el ordenamiento jurídico se acuñan como más graves el ilícito y la sanción penales (como lo acredita el hecho de que en el arto 1.5 PCP se diga que "Por ningún motivo la Administración Pública podrá imponer medidas o sanciones que impliquen privación de libertad"). A fin de cuentas, ambos ilícitos descansan sobre hechos que han de lesionar bienes jurídicos de relevancia pública, y aunque no siempre se exija, en la culpabilidad de su autor; y, por lo que hace a las sanciones, las administrativas y las penales comportan materialmente la misma consecuencia: la privación de un derecho (hasta el punto de que el arto 50 PCP ha tenido que decir que "No se reputarán penas: ... 2. Las multas y demás correcciones que, en uso de atribuciones gubernamentales o disciplinarias, se impongan a los subordinados o administrados. 3. Las privaciones de derechos y las sanciones reparadoras que establezcan las leyes civiles o administrativas"; para dejar establecido que formalmente no lo son".).

Si no se reputan penas las sanciones administrativas, si se las excluye expresamente del catálogo de penas de! PCP es porque, en el fondo, materialmente lo son, y se las quiere dejar al margen de aquéffas. Innecesario es decir que para el ciudadano castigado, tratándose de sanciones de naturaleza económica de igual cuantía, tan gravosa es la multa que le impone un juez por la comisión de un delito como la que le impone la Administración por I,Jna infracción administrativa.

3.4. Derechos penitenciario y penal

Para evidenciar la relación entre los Derechos penal y penitenciario basta señalar que las penas más graves contempladas en el PCP son las privativas de libertad, y que su cumplimiento está regulado en la legislación penitenciaria, a la que se hace referencia explícita en el arto 63 PCP.

4. LA NORMA PENAL

En la definición propuesta se dice que el Derecho penal está integrado por normas Jurídicas (no por normas morales, religiosas o de otra índole). Y las normas jurídicas tratan, directa o indirectamente, de comportamientos externos no de los pensamientos o deseos no aflorados al exterior, porque el Derecho en general "es un orden de coexistencia humana y no un sistema de salvación personal o un camino de perfección" (Cobo del Rosal/Vives Antón); esto es, el Derecho tiene por finalidad lograr la convivencia pacífica y ordenada de los miembros de la comunidad en que rige; convivencia que solo se ve afectada por conductas exteriorizadas activas u omisivas, con resultas en la esfera de los derechos ajenos, no por actitudes internas, y, naturalmente, no por todas las conductas exteriorizadas.

Por tanto, las normas penales se ocupan de ciertos comportamientos, en concreto de los que se estima atentan de manera más grave a la tranquila convivencia de los ciudadanos, por atacar a los bienes socialmente tenidos por más valiosos (como los de matar, robar o violar, v.gr., que lesionan la vida, el patrimonio y la libertad sexual, respectivamente); es decir, de aquellos comportamientos a los que el legislador, haciéndose eco del sentir general, asigna un significado delictivo, sin el cual serían penalmente irrelevantes.

Los delitos carecen de existencia fuera del ámbito normativo. Los delitos no existen en fa misma forma en que existen los árboles, las montañas o las gaviotas. Con la denominación "delito" los hombres han calificado una serie de conductas muy dispares entre si (aunque no las mismas en todas las comunidades ni en todas las épocas); de tal manera que sin esa calificación los hechos que tenemos por delitos, como los de privar a otro de su vida o de su cartera, no pasarían de ser acciones humanas sin significación jurídica, como no la tienen teñirse el pelo de verde o usar pantalones cortos. Por otra parle, la acción conceptuada como delictiva hoy puede no ser considerada así en el futuro, mientras que algunas que hoy son ignoradas por el Derecho penal pueden adquirir la condición de delito en el futuro. En consecuencia, los hombres, a través de sus órganos representativos -de sus Parlamentos, Asambleas, Congresos, Senados, Corles-, pueden generar nuevos delitos y eliminar otros.

Para instituir un delito en una determinada sociedad basta, en principio, con que el órgano competente para ello el Poder Legislativo, se llame como se llame el cuerpo que lo ejerza, en los sistemas democráticos-, de acuerdo con el procedimiento establecido y así lo decida. Entonces dicho órgano no estará si no atribuyendo un sentido a la conducta crimina/izada: esa conducta que hasta ese momento carecía de relevancia penal pasa, desde ese instante, a tener la consideración de delito, a tener un significado en el mundo jurídico. El legislador la ha dotado de un sentido que no poseía. Consiguientemente, el delito no goza de existencia, de realidad propia, no es un producto natural, sino artificial y cambiante, fruto de la creación del hombre.
Para comprender qué es una norma pena! debemos analizar la esencia, la función y la estructura de la misma.

4,1. Función de la norma penal

La concreción de qué es una norma penal y cuál sea su función es cuestión polémica y la forma en que se conteste tiene importantes consecuencias, como se verá más adelante.

Si tomamos una norma emblemática, como la del arto 138, en esencia idéntica a muchas otras en cuanto a su estructura, y la examinamos con atención, advertimos que en ella se encierran unos juicios de valor -aunque no estén formulados expresamente~ pues, de una parte, se juzga que la vida humana es un valor importante merecedor de la tutela penal, por eso se castiga a quien la destruye: y de otra, se considera inaceptable, se considera malo el hecho de matar a un semejante, pues de no ser así no se castigaría a quien lo hiciera. En otras palabras, si se castiga a quien mata a otra persona es porque se reputa nocivo e inadmisible, en general, el hecho de matar en tanto ataca un valor fundamental, un bien jurídico de la mayor relevancia para todos los ciudadanos, en cuanto individuo y en cuanto miembro del conjunto social.

Y de igual modo, en los libros II y III del CP encontramos innumerables normas que responden a este esquema, normas en las que se conmina con una pena a la persona que verifica un determinado hecho: amenazar, calumniar, hurtar, robar, falsifica moneda, defrauda a la seguridad social, etc., etc.

Por otro lado, encontramos normas en las que se juzga conforme a derecho un comportamiento (como en las de los números 4, 5 Y 7 del arto 34, en los que también se encierran unos juicios de valor, pero positivos: se considera adecuada a Derecho la acción de defensa frente a una agresión ilegítima; o la causación de un mal no mayor que el que se quiere evitar cuando se actúa en estado de necesidad; u obrar en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo); con lo cual se está juzgando lícito herir o matar a otro en legítima defensa, tomar un vehículo ajeno contra la voluntad de su dueño para trasladar a un enfermo grave a un centro hospitalario, si no hay otro medio de transporte, etc.

De todo ello, se deduce con claridad que la norma penal despliega .una función valorativa estima dignos de la protección penal unos bienes y valora positiva o negativamente unos hechos. Cuando los valora positivamente está diciendo que realizarlos es ajustado a Derecho y cuando los valora negativamente, que son contrarios a Derecho (antijurídicos). De esta forma, las normas penales realizan una función de protección de bienes jurídicos y de especificación de los comportamientos punibles, que favorece la seguridad jurídica.

Dicho esto, que nos parece por completo evidente, observamos que de aquella valoración se deriva una determinación obvia (mandato o prohibición o autorización) dirigida a todos los ciudadanos, según la cual no deben incurrir en los hechos desvalorados (y que si incurren en ellos pueden ser castigados con las penas fijadas para los mismos) y que están autorizados a realizar los ajustados a Derecho. Esta es la función de determinación que, en segundo término, cumple la norma penal.

Por descontado, esta concepción en la que se confiere especial importancia a la vertiente valorativa, entronca con la idea de que las normas son (deben ser) determinaciones de la razón, en tanto han de haber sido meditadas, elaboradas y aprobadas con las miras puestas en los intereses generales y con respeto a los valores comúnmente aceptados, por lo general, plasmados en la Constitución. Yen concreto, por lo que hace a las penales, han de estar enfocadas a la protección de bienes jurídicos.

De esta manera, se subraya la naturaleza eminentemente objetiva de la antijuridicidad, al concebirla en buena medida como la lesión o la puesta en peligro de un bien jurídico (el protegido en la norma infringida en cada caso). En efecto, cuando en una norma se castiga al que mata,· en otra, al que roba; en otra, al que calumnia…, se está protegiendo unos bienes jurídicos: la vida, la propiedad, el honor…, pues al conminar con una pena al que realiza aquellas conductas se está advirtiendo a todos los ciudadanos de que deben abstenerse de llevarlas a cabo, con lo que se está favoreciendo que no se realicen y evitando los consiguientes ataques a los bienes jurídicos que se quiere resguardar. Y sin duda, la primera y mejor forma de tutelar un bien es la de procurar que nadie lo lesione.

Por otra parle, cuando alguien, voluntariamente o por imprudencia, mata o intenta matar, roba o intenta robar, etc., lesiona o pone en peligro los bienes jurídicos vida, patrimonio, etc., protegidos en las respectivas normas; y justamente esa lesión o esa puesta en peligro es la que convierte en antijurídica la conducta realizada por el sujeto, y no la simple voluntad de matar o de robar no seguidas de la ejecución de una acción mínimamente idónea para producir fa muerte o el apoderamiento def patrimonio ajeno, y, en consecuencia, aquella lesión o aquella puesta en peligro de bienes jurídicos penalmente tutelados.

Ni que decir tiene, esta concepción de la norma penal en la que se entrecruzan la faceta valorativa y la de determinación, facilita el deslinde entre el ilícito y la culpabilidad penales y el reproche moral, que puede fundamentarse en las meras intenciones seguidas o no de en un intento completamente inadecuado para menoscabar un bien jurídico (extremo sobre el que volveremos al hablar de la tentativa).

4.2. Estructura de la norma penal

La norma penal consta de un presupuesto (al que unos llaman precepto; otros, norma primaria) y una consecuencia (también llamada sanción o norma secundaria); y está estructurada de tal forma que cuando tiene lugar el primero debe seguirse la segunda. Así, cuando alguien comete un robo con violencia debe ser castigado, en principio, con pena de prisión de tres a cinco años. Cometer el robo con violencia es el presupuesto de la norma del arto 223; la imposición de la pena de prisión, la consecuencia.

Se insiste en la idea de que fa consecuencia debe seguir al presupuesto, por cuanto en las normas se dice lo que debe hacerse, pero no se asegura que se vaya a hacer siempre: se dice que quien mata a otro debe ser castigado con pena de prisión de diez a quince afias, no que todo el que mate a otro vaya a ser castigado, pues no fa será si no se le localiza ni se aportan pruebas que lo incriminen (ni tampoco si mata en legítima defensa, .. .).

Todas las normas penales presentan la referida estructura y en este sentido, se dice, son completas: sin embargo, algunas parecen no tenerla: son las llamadas normas penales incompletas.

A) Normas penales incompletas
Se denominan normas penales incompletas a
Aquellas en las que no se recoge expresamente el presupuesto (norma primaria) o la consecuencia (norma secundaria).

En realidad, todas las normas penales poseen el presupuesto y la consecuencia, de forma más o menos evidente, porque hasta en las normas en las que hay sólo un concepto puede decirse que éste es su presupuesto, pues siempre que ha de ser utilizado le subsigue una consecuencia. Y otro tanto cabe decir de las normas del libro I del PCP, en las que, de una forma o de otra, hay un presupuesto y una consecuencia, aunque, por su natural subalterno, su virtualidad únicamente se hace efectiva en conexión con los preceptos de los libros 11 y 111: así, en el arto 38 se contiene el concepto de funcionario público, decisivo para saber si alguien ha podido cometer un delito contra la Administración Pública, por ejemplo, formando parte del presupuesto de las normas previstas en los arts. 408 y ss; las circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal (arts. 35, 36 Y 37) cuentan con un presupuesto (el estado de arrebato, la reincidencia, etc.), y unas consecuencias marcadas en el arto 78, que sólo operan cuando se ha cometido un delito con el que resultan compatibles y en el que son apreciadas, etc.

Mas, una vez dicho todo esto, es preciso hacer una matización: las normas penales son completas en el sentido de que constan de presupuesto y consecuencia, pero ello no supone afirmar que las normas penales sean "autosuficientes", es decir, que no precisen del auxilio de otras normas para su aplicación, porque toda norma necesita de otras para ser aplicada. Por ejemplo, en el repetido arto 138 tenemos una norma completa: "quien prive de la vida a otro" (presupuesto) "será sancionado con pena de diez a quince años de prisión" (consecuencia). Empero, para aplicar esa norma es imprescindible ayudarse de otras, como la contenida en el arto 28, para saber cuándo el delito está consumado o cuándo en grado de tentativa o de frustración, en el 41 y ss para saber quiénes son penalmente responsables, etc.; asi como de las pertinentes de la Lecrím.

B) Leyes penales en blanco

Puesto que estamos hablando de normas penales incompletas y las normas penales solamente pueden aparecer contenidas en una ley -porque las leyes la única fuente del Derecho penal, de acuerdo con el principio de legalidad-, es obligado referirnos a una de sus modalidades, la de las llamadas leyes penales en blanco que, alojan precisamente normas penales incompletas, y, en sentido amplio,

son aquellas que contienen la consecuencia pero no todo el presupuesto, que ha de completarse por medio de otras normas;

y, en sentido estricto,
aquellas, cuyo presupuesto se encuentra en una o varias normas contenidas en una o más disposiciones de rango inferior a la ley.

Buenos ejemplos de leyes penales en blanco los encontramos en los arts. 360, 362, 363, 367, 372, etc. En todas las normas de los arts. citados están perfectamente delimitadas sus consecuencias (sus respectivas penas), pero no los presupuestos, dado que en el art 360 se requiere, para la exister'cia de delito, la construcción de una edificación no autorizada en determinados espacios que tengan legal o administrativamente reconocido su valor paisajístico, etc.,' en el362 la conducta contaminante ha de llevarse a cabo contraviniendo las leyes u otras disposiciones protectoras del medio ambiente, ... ; en el 363 se exige que el sujeto activo permita la contaminación del aire «infringiendo la normativa correspondiente»; en el 367 se castiga al que trafica ilegalmente con «especies protegidas»; en el372 a quien contraviniendo las disposiciones normativas ... destruya la vegetación ... ; con lo que, para conocer con exactitud cuál es el presupuesto de las referidas normas, resulta imprescindible acudir a otras muy variadas y de distinta procedencia, y a través de ellas averiguar cuándo un espacio tiene reconocido valor paisajístico, cuándo se contravienen las disposiciones protectoras del medio ambiente, qué especies están protegidas, etc.; pues sólo asl estaremos en condiciones de saber si alguien ha delinquido o no.

La utilización de leyes penales. en blanco es una técnica que a veces puede estar justificada, porque evita la redacción de arts. inacabables, condenados, además con frecuencia, a corta vida.

Muy extensos, porque si se les quiere dotar del presupuesto íntegro, éste, en determinados campos, habría de resultar por fuerza muy prolijo, pues habrían de pormenorizarse las disposiciones en materia de seguridad laboral, de vertidos, de ... , aludidas en el precepto de que se trate; y de corta vida, porque quedarían obsoletos cada poco, cuando el hecho descrito versara sobre materias en las que los avances tecnológicos son de tal magnitud y se suceden a un ritmo tan vivo, que generan con frecuencia posibilidades de nuevos riesgos, lo que suele llevar aparejado a menudo que se dictan nuevas disposiciones para atender las nuevas necesidades o para dar respuesta a los nuevos problemas, que al no estar contempladas en el precepto de referencia, debido a las derivaciones del principio de legalidad, no podrían ser tomadas en consideración para la aplicación de aquél, que devendría obsoleto o insuficiente y; por ende, necesitado de reformas continuadas.

Pero, pese a que en ocasiones puede ser conveniente la promulgación de leyes penales en blanco, no dejan de entrañar un serio peligro para el principio de legalidad, porque a la postre la concreción del presupuesto -las más de las veces, la concreción del hecho punible ­no se efectúa por la ley, sino por el poder ejecutivo.

Incluso, no es inusual que en ciertas materias sean propiamente empresas privadas las que fijen las reglas, con arreglo a las cuales ha de desarrollarse una determinada actividad, reglas que son asumidas por la Administración.

Ef TC español ha considerado conforme con la CE las leyes penales en blanco siempre que: a) la remisión a normas de rango inferior sea expresa; b) esté justificada por el bien jurídico protegido en la norma; c) esta, fa norma, contenga ef núcleo esencial de la prohibición, de modo que la conducta quede suficientemente concretada con el necesario complemento de la disposición a la que remite (SSTC 122/1987, 127/1990,111/1993,24/1996, 120/1998, entre otras).






PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DEL DERECHO PENAL
Los principios rectores del Derecho penal están formulados, explícita o implícitamente, en las Constituciones y en los Códigos penales, ya través de ellos se fijan unos límites que no pueden ser rebasados ni por el legislador cuando legisla en materia penal, ni por los jueces cuando aplican las normas penales, ni por la administración cuando ejecuta las sanciones impuestas por los órganos jurisdiccionales. Son los siguientes:

Principio de Legalidad
Principio de prohibición de exceso;
Principio Ne bis in idem
 Principio de presunción de inocencia;
 Principio de igualdad;
Principio de culpabilidad;
Principio de resocialización
Estos principios, hoy comúnmente aceptados en los países democráticos, no comenzaron a informar el Derecho penal hasta finales del siglo XVIII, merced al influjo de la Ilustración y al triunfo de la Revolución francesa. Hasta entonces y aún en tiempos posteriores. -en España hasta bien entrado el siglo XIX- regía un Derecho penal, el del antiguo régimen, caracterizado a grandes rasgos:

a)      Por ser un Derecho penal concebido para intimidar a los ciudadanos Yo por consiguiente, con tendencia al exceso: la pena de muerte estaba prevista para muchos delitos, incluso para el hurto, en algunas legislaciones: las penas atroces eran usuales; además de las penas ordinarias, los jueces a su arbitrio podían imponer otras más severas, por razones de ejemplaridad, ...
b)      Por estar más al servicio -del poder absoluto encarnado por los soberanos, que al de los intereses de los ciudadanos.
c)      Por la confusión entre moral y derecho, que daba pie al castigo de hechos tenidos por inmorales o transgresores de determinados preceptos religiosos.
d)     Por la ausencia de garantías para el súbdito, toda vez que había una insuficiente delimitación de fas hechos punibles, estaba admitida la aplicación analógica de las normas penales, la arbitrariedad judicial estaba instaurada, el tormento se empleaba como método indagatorio, etc.

e)      Por ser un Derecho que se aplicaba de forma desigual, en atención a la procedencia sor del encausado: de forma más rigurosa para el plebeyo que para el noble.
f)        Por hacer extensiva la responsabilidad, al menos parcialmente, a los parientes próxirr del condenado.

Contra el estado de cosas que hacía posible ese Derecho penal se alzaron las voces de ilustrados, de manera muy especial las de Montesguieu, Beccaria, Howard, Lardizabal,… ellos sentaron las bases de los principios que vamos a estudiar a continuación, que representan una conquista Irrenunciable para todos los ciudadanos, no ya porque su implantación costara ríos
sangre, sino por cuanto suponen la afirmación de la dignidad personal dela libertad de la igualdad de todos ante la ley, de la seguridad jurídica,… Y desde luego, su perdida supondría la vuelta a  la tiranía como sistema y la conversión de los ciudadanos en súbditos.

A) Principio de legalidad
El principio de legalidad en el ámbito penal, enunciado abreviadamente mediante aforismo "nullum crimen, nula poena sine lege", es la base sobre la que se asienta la seguridad jurídica: gracias a él, el ciudadano sabe que conductas están castigadas y de que forma y, en consecuencia, sabe 'qué 'conductas debe abstenerse de realizar, y Se también que no realizándolas no será castigado. Sin esa seguridad, la libertad individual deviene mera ilusión, pues si se ignora qué se puede y qué no se puede hacer, se te actuar por si al hacerlo se ejecuta una conducta prohibida o que la autoridad desea reprimir en un momento dado, con lo cual se puede acabar no actuando por si acaso.

Por eIlo, el TC habla del derecho de los ciudadanos a que los delitos y sus penas figuren e ley, lo que fes permite programar sus comportamientos sin temor a condenas por actos no tipifica previamente y saber, o al menos tener la posibilidad de saber, que lo que no está prohibido 1 permitido, de conformidad con la regla general de la licitud de lo no prohibido, (SSTC 93/1992, 26/1994, 120/1996, 137/1997). El TS, por su parte, ha reiterado que el principio de legalidad supone, al menos, una triple exigencia: la existencia de una ley, que sea anterior al hecho sancionado y describa un supuesto de hecho estrictamente determinado, "lex scripta, previa y certa" (SrS dl de febrero de 2001).

En la actualidad, el principio de legalidad significa que:

Sólo incurre en delito quien realiza un hecho castigado como tal previamente la ley;
Sólo pueden imponerse las penas establecidas por la ley (con anterioridad ejecución del hecho); que Habrán de ser ejecutadas de la forma prevista también en la ley, tras un proceso ante el juez natural, con observancia de todas las garan establecidas legalmente.

Así han quedado esbozadas, respectivamente, las garantías criminal, penal, ejecución y procesal o jurisdiccional, propias del principio de legalidad.
La garantía criminal está expresada en el arto 1 PCP e, indirectamente, en el 21:
"Ninguna persona podrá ser condenada por una acción u omisión que no esté prevista como delito o falta por ley anterior a su realización".

De la garantía penal se ocupa el número 2 del arto 1 PCP: "No será sancionado ningún delito o falta con pena, medida de seguridad o consecuencia accesoria que no se encuentre prevista por ley anterior a su realización".

También ha de traerse a colación el arlo 21
 La garantía Rrocesal se encuentra en el arto 6.1 PCP: "No podrá ejecutarse pena ni medida de seguridad en otra forma que la prescrita por la ley y reglamentos que la desarrollan."
La garantía de ejecución en el arto 6.2 PCP: "Tampoco podrá ejecutarse pena ni medida de seguridad en otra forma que la prescrita por la ley y reglamentos que la desarrollan. La ejecución de la pena o de la medida de seguridad se realizará bajo el control de los jueces y tribunales competentes, de conformidad con la ley y su reglamento".
De las garantías mencionadas se desprende que el principio de legalidad comporta:
La reserva absoluta de ley en materia criminal o lo que es lo mismo, que solamente por ley emanada del poder legislativo es posible establecer delitos y sus correspondientes penas; y que, por tanto, ni por la costumbre, 'ni por el poder ejecutivo, ni por el poder judicial pueden crearse normas penales; en este sentido, en el art. 1.1 PCP se dice que "Ninguna persona podrá ser condenada por una acción u omisión que no esté prevista como delito o falta por ley anterior a su realización";
La reserva absoluta de ley en materia penal se afirma, entre otras, en las SSTC 25/ 1984, 140/1986, 118/1992, 2...6/1994); aunque se acepta que para complementar una ley penal se recurra a normas extrapenales carentes del rango de ley, a leyes penales en blanco (SSrC 118/1992, 102/1994, 120/1998):
La taxatividad de la ley, que aunque no esté explícitamente proclamada es consustancial al principio de legalidad, pues sin ella éste sería mera apariencia, y estriba en que las normas penales, además de ser creadas por una ley, han de estar formuladas de forma clara y precisa, a fin de que los hechos castigados en ellas estén delimitados al máximo, y que sus destinatarios puedan comprender con la mayor facilidad posible, cuáles son los comportamientos punible
En este sentido. el TC ha mantenido que el mandato de taxatividad exige al legislador el máximo esfuerzo posible para garantizar la seguridad jurídica, que las normas han de ser concretas, precisas, claras e inteligibles, siendo sólo admisible constitucionalmente el recurso del legislador a las cláusulas normativas cuando exista una fuerte necesidad de tutela, desde la perspectiva constitucional, y sea imposible otorgarla adecuadamente en términos más precisos; y que el principio de legalidad no veda el empleo de conceptos jurídicos indeterminados, aunque su compatibilidad con el arto 25.1 CE se subordina a la posibilidad de que su concreción sea razonablemente factible en virtud de criterios lógicos, técnicos o de experiencia el mandato de determinación no supone que sólo resulte constitucionalmente admisible la redacción descriptiva y acabada en la ley penal de los supuestos penalmente ilícitos (SSTC 111/1993, 184/1995, 151/1997, 136/1999);
Que las leyes penales son irretroactivas, como regla general, y así lo dispone el arto 2 PCP

De forma sintética se ha dicho, entre otras, en las SSTC 133/1987, 61/1990, que el principio de legalidad en el ámbíto del derecho sancionador estatal implice, por fa menos estas tres exigencias: la existencia de una ley, que fa ley sea anterior al hecho sancionado y que la ley describa un supuesto de hecho estrictamente determinado);

La prohibición de la analogía, como establece los arts. 1.4 y 10 PCP
En las SSTC 75/1984, 133/1987, 89/1993, 174/2000, 64/2001, se señala que tanto puede apreciarse la vulneración del derecho a la legalidad sancionadora cuando se constata una aplicación extensiva o analógica de la norma a partir de la motivación de la correspondiente resolución, como cuando la ausencia de fundamentación revele que se ha producido dicha extensión).
B) Principio de prohibición de exceso Es un principio general del Derecho público, que responde a la idea de evitar una utílízaclón desmedida de las sanciones que conllevan una privación o una restricción de la libertad o de otros derechos, y, consiguientemente, a la de limitar su uso a lo imprescindible; y lo imprescindible es establecerlas e imponerlas exclusivamente para proteger bienes jurídicos valiosos, como requiere el principio de lesividad, y con respeto a la dignidad de la persona.
En el PCP está proclamado el principio de lesividad, en 'el arto 7, según el cual: "Sólo podrá ser sancionada la conducta que dañe o ponga en peligro de manera significativa un bien jurídico, tutelado por la ley penal, así como el de dignidad personal: "El Estado garantiza que toda persona a quien se atribuya delito o falta penal tiene derecho a ser tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. No podrán imponerse penas o medidas de seguridad que impliquen torturas, procedimientos o tratos inhumanos, crueles, infamantes o degradantes".
En el mismo sentido, el TC, desde sus sentencias 11/1981 y 6211982, en las cuales consideró indispensable la protección de un bien jurídico para que la limitación de derechos constituciones fuera acorde con la CE. En consecuencia, la ley penal no puede dispensar su protección a bienes jurídicos proscritos constitucionalmente o socialmente irrelevantes, protección que. además, ha de ser necesaria y proporcionada, pues, dada fa gravedad de las respuestas penales, sólo deben operar frente a conductas y para la tutela de bienes jurídicos de importancia; de modo que no se produzca un sacrificio innecesario o excesivo de los derechos, cuyo origen puede estar en una innecesaria reacción penal o por ser excesiva la cuantía o fa extensión de la pena en relación con la entidad del delito (SSTC 51/1989, 136/1994, 19 Y 55/1996, 161/1997, 23211998, 136/1999).

Del principio general de prohibición de exceso derivan otros principios que no son sino concreciones de aquél, que cabe formular así:

a) el principio de adecuación, con arreglo al cual
Toda sanción ha de ser adecuada a la finalidad perseguida con la misma, a la finalidad de tutelar un bien jurídico, en especial;
b) el principio de necesidad, generalmente denominado principio de intervención mínima implica que

sólo se puede recurrir al Derecho penal y, por ende, a la conminación con pena, para dispensar protección a los bienes jurídicos dignos de ella frente a los ataques más graves e intolerables (esto es lo que se llama el carácter fragmentario del Derecho penal).

Y significa asimismo que
únicamente cabe recurrir al Derecho penal cuando los demás medios del arsenal jurídico, propios de las restantes ramas del ordenamiento jurídico, han resultado insuficientes para tutelar el bien o los bienes jurídicos agredidos (es el llamado carácter subsidiario del Derecho penal).

Puede decirse, pues, que ni todos los bienes jurídicos requieren de la tutela penal, ni los que la requieren la precisan en todo caso, frente a toda suerte de daño.

El patrimonio individual está protegido en el PCP en los arts. 218 y es, solamente frente a determinados ataques (los considerados constitutivos de los delitos de hurto, de robo, de estafa, de apropiación indebida, etc.). Para otra clase de perjuicios o daños que pueda sufrir aquél están las previsiones propias del Derecho privado.

 c) El principio de proporcionalidad en sentido estricto supone dos cosas:
La primera, que e/legislador al establecer delitos y sus correspondientes penas ha de buscar el equilibrio entre la entidad de éstas y la gravedad de aquellos; y seguQda, que el juez ha de acompasar igualmente la pena concreta que impone al condenado con la gravedad del delito cometido por éste.
Los jueces y tribunales disponen de u nos márgenes relativa mente ampl ios para la fijación de las penas que imponen a quienes condenan; unos márgenes que oscilan entre un mínimo y un máximo legalmente marcados, que permiten una mejor individualización de la pena, una mejor ajuste y equilibrio entre la gravedad del hecho y la gravedad de la pena.
Para el homicidio esos márgenes, referidos a fa pena de prisión, están cifrados en los diez y los quince años (art. 138); para el acoso sexual, en seis meses y dos años (art. 174); para el abigeato, en dos y siete años (art. 221), etc. Y otro tanto sucede con las penas de multa y con fas restrictivas de otros derechos. Entre esos límites minimo y máximo, los jueces han de seleccionar la "cantidad" de pena más adecuada y ajustada el caso.

Pero la importancia de este principio va más allá y afecta a toda cuanta actividad de las Administraciones Públicas incida en los derechos constitucionales de los administrados, y sirve para valorar, ponderar y resolver conflictos entre bienes e intereses distintos, como los que se suscitan en el desarrollo de una investigación policial, entre el interés por descubrir al responsable de un delito, encontrar pruebas que lo incriminen, etc., y los derechos fundamentales a la intimidad, al honor, ...

C) El principio une bis in idem"

Este principio, vinculado a los de tipicidad y legalidad (según las SSTC deja sentir sus efectos en los ámbitos del Derecho penal sustantivo y del procesal, de todo el Derecho sancionador en realidad.

El principio "ne bis in idem" prohíbe en la esfera penal que una persona sea castigada más de una vez por la misma infracción; y en la procesal, que se la juzgue más de una vez por el mismo hecho.

Particular interés tiene la posible concurrencia de una sanción penal y otra administrativa por idéntico hecho. Al· respecto el Te ha manifestado que no cabe imponer ambas sanciones a un mismo sujeto por un mismo hecho y por igual fundamento, pero si cabe cuando el fundamento de una y otra sanción es distinto, o cuando el sujeto se halla en relación de especial sujeción con la Administración, siempre que el fundamento de las sanciones sea diferente, que el interés jurídicamente protegido sea distinto y que la sanción sea proporcionada a esa protección (SSTC 21 1981, 77/1983, 234/1991).

D) El principio de igualdad

Consustancial a todo Estado de Derecho, incide en el Derecho penal

 Prohibiendo al legislador  introducir sin justificación tratamientos diferenciados en las normas penales; y obligando al juez a no resolver casos idénticos de forma dispar, sin fundamentar en razones sólidas su proceder
El principio de igualdad entraña un límite para el legislador que no puede establecer desigualdades cuando la diferencia de trato carezca de justificación objetiva y razonable (SSTC 221 1981, 59/1982, 83/1984, ... ). Por tanto, no significa que el legislador no pueda dispensar un trato distinto a unas personas y a otras, pues puede hacerlo siempre que esa diferencia esté plenamente justificada. Y también representa un límite para el juzgador, que no puede aplicar un mismo precepto en casos iguales con notoria desigualdad, por motivaciones arbitrarias (STC 8/1981); que un mismo órgano judicial no puede modificar arbitrariamente el sentido de sus decisiones en casos sustancialmente iguales, y que cuando considere que debe variarlo ha de ofrecer para ello una fundamentación suficiente y razonable (STC 49/1982). Por último, debe tenerse en cuenta que el derecho reconocido en el arto 14 CE es el derecho de igualdad ante la ley no contra la ley (si una persona es juzgada y condenada por un determinado delito, no puede alegar fa vulneración del principio de igualdad porque otras personas que hayan cometido el mismo delito no sean también juzgadas y condenadas -STC 17/1984-).
E) Principio de presunción de inocencia

Es un derecho fundamental, con arreglo al cual
Toda persona tiene derecho a ser considerada no responsable de un delito, por muchos indicios que haya en su contra, hasta tanto no se demuestre su responsabilidad, en un proceso celebrado con todas las garantías.

Este derecho obliga al legislador a no cimentar en presunciones la responsabilidad cri minal, y al juez, a condenar a partir de pruebas de cargo, obtenidas con todas las garantías, de las que se deduzca razonablemente, conforme a las regla de la lógica y la experiencia, el hecho punible en todos sus elementos y la intervención del acusado en los mismos (SSTC 3111981,109/1986,259/1994,189/1998, 229/1999, 209/2001, ... ).

Este derecho a la presunción de inocencia implica que no se puede operar en Derecho penal con presunciones a la hora de legislar ni a la hora de juzgar. Implica también que el acusado de haber cometido un delito no tiene que demostrar su inocencia, porque es la acusación quien tiene que demostrar que lo ha cometido, mediante la aportación de pruebas de cargo que 10 acrediten ante el juez o tribunal.

Como regla general, sólo tienen el carácter de auténticas pruebas las practicadas en el juicio oral y son sometidas así a inmediación y contradicción (SrC 217/1989), aunque excepcionalmente se admite la prueba preconstituida, siempre que se observen determinados requisitos, como la posibilidad de la contradicción, para lo cual debe proveerse al acusado de letrado. De modo que la prueba testifical puede ser incorporada al proceso como prueba anticipada, por ejemplo en los casos de imposibilidad del testigo de acudir al juicio oral por fallecimiento. E igualmente se admite el testimonio de referencia, aunque por si solo no puede erigirse en prueba suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia (SSrC 131/1997, 97/1999, 209/2001, en la que se citan varias sentencias del tribunal Europeo de Derechos Humanos en este sentido).

F) Principio de culpabilidad

Cuando una persona efectúa un hecho descrito en una norma penal sancionadora (mata a otro, por ejemplo, realizando así el hecho prohibido en el arto 138), hace caso omiso de la valoración negativa contenida en dicha norma (salvo que actúe justificadamente, en legítima defensa, v.gr.); y si, además, esa persona es adulta y capaz (vid. el arto 40 PCP) y ha actuado de forma consciente y voluntaria, ha desatendido la advertencia de respetar la valoración contenida en la norma y de abstenerse de incurrir en la conducta castigada en ella, cuando le era posible y tenía el deber de actuar de otro modo. Por la primera transgresión, ese sujeto ha actuado antijurídicamente; por la segunda ha actuado culpablemente.

En este sentido, se declara en el arto 9 CPC

"1. La pena o la medida de seguridad sólo se impondrá si la acción o la omisión ha sido realizada con dolo o imprudencia. Por consiguiente, queda prohibida la responsabilidad objetiva por el resultado.
"2. No hay pena sin culpabilidad. La pena no podrá superar la que resulte proporcionada al gradd de culpabilidad respecto del delito; en consecuencia se adecuará la pena en función de la menor culpabilidad".

No basta, por tanto, con la realización del hecho descrito en una norma penal para que las consecuencias que previene alcancen al infractor; es necesario, además, que éste actúe culpablemente -con conciencia y voluntad-, y sin el amparo de una causa de justificación.

De ahí que no se castiguen igual los delitos cometídos con dolo que los cometidos por imprudencia grave, especialmente cuando se trata de un mismo delito, como sucede, v.gr., con el homicidio, castigado con pena mayor en el arto 138 (homicidio doloso) que en el141 (homicidio imprudente o culposo).
Tenemos, pues, que tan sólo se puede castigar penalmente a alguien cuando es culpable.
Afirmación que nos obliga a preguntarnos por el concepto de culpabilidad, que de manera abreviada, puede decirse, consiste en
La recriminación que se hace a una persona por haber realizado una conducta castigada (antijurídica) en una norma penal;
Recriminación que se le hace porque ha desoído la advertencia contenida en la norma y, consecuentemente, ha infringido e/ deber que tenía (de abstenerse de realizar /a conducta prohibida, de no actuar como ha actuado).

El reproche se efectúa, por tanto, por el hecho ejecutado por el sujeto, no por su forma de ser o de conducirse habitualmente. Es el hecho ejecutado el que da lugar al castigo. Pero la reconvención y la pena subsiguiente sólo pueden imponerse si dicho sujeto cuando obró como lo hizo.

Tenía la posibilidad de acatar la indicación de la norma y de actuar conforme a ella.

Tal posibilidad únicamente puede afirmarse si se toma como punto de partida la idea, según la cual el hombre dispone de ciertos márgenes de libertad, y le es posible optar entre comportarse de acuerdo con las normas o contravenirlas.

Por supuesto, presuponer que el hombre es libre no significa desconocer los condicionamientos y presiones que se ciernen sobre él, de origen genético, psicológico, social, familiar, ... , y el influjo que ejercen en sus tomas de decisiones

G) Principio de resocialización o reeducación

El arto 46 dispone que "Las penas tienen un carácter reeducativo".

Esta manifestación, similar a la recogida en diferentes legislaciones, no agota los fines de la pena, pero sí subraya que con ésta no se persigue solamente el castigo del infractor de la ley penal, e indica que penas de prisión deben ejecutarse de la forma que menos potencie sus efectos asociales y fortalezca más los socializadores.

De ahí podría deducirse que el penado tiene derecho a que su paso por un centro de reclusión no ejerza sobre él una maléfica influencia, que le impulse a seguir fa carrera del crimen; al contrario, tiene derecho a que fe sirva, con la ayuda del tratamiento penitenciario, para no volver a delinquir

H) El principio de humanidad de las penas

Desde hace años, hay una progresiva tendencia generalizada a dulcificar el rigor de las penas que se aprecia en la supresión de las penas corporales, de la pena de muerte, en la reducción de la duración de las penas, en la limitación del alcance de las mismas a lo imprescindible, en la aparición de sustitutivos de la pena tradicional, ... Humanización obligada en un sistema penal en el cual se declara el principio de la dignidad humana (art. 4 PCP). De ahí que, no se contemple en el PCP la pena de muerte y se prohíba la tortura y los tratos inhumanos y degradantes (art. 4); Y se fijen unos límites a la duración máxima de la pena de prisión (art. 52 PCP).


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